Si una empresa no puede cumplir regularmente con las obligaciones que le son exigibles, se encuentra en estado de insolvencia. Ante esta situación, la ley impone al deudor, sea persona física o jurídica, la obligación de solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que haya conocido o debería haber conocido su estado de insolvencia. Si el deudor no cumpla este deber, el concurso podrá ser instado por cualquiera de sus acreedores.
El concurso es un instrumento creado con el fin de intentar sanear a la empresa para que pueda continuar su actividad empresarial. En este nuevo escenario, los acreedores son, o al menos deberían ser, los primeros interesados en que la empresa deudora supere su situación de insolvencia y continúe su actividad, ya que de lo contrario difícilmente verán satisfechos sus créditos. A través del concurso se intenta llegar a un convenio con los acreedores para hacer frente a las deudas y evitar la muerte empresarial.
Aunque la solución deseada es la continuidad de la empresa, en la mayoría de ocasiones esto no es posible y no queda más opción que liquidarla.
Hay que tener presente que el incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso puede acarrear graves consecuencias por el administrador de la empresa insolvente, entre ellas, el nacimiento de la responsabilidad personal de este frente a la sociedad, los socios y terceros por los daños que la no solicitud del concurso o la solicitud retrasada les haya ocasionado.
Joan Blanco Ginés
Abogado
PRAT SÀBAT ADVOCATS